Servicios de Agua y Saneamiento. Los Municipios y el Saneamiento en el Perú

De Construmatica

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En los años setenta, el sector de agua y saneamiento estuvo a cargo del gobierno central, los Ministerios de Vivienda en el área urbana y de Salud en el área rural. En la década siguiente, reorganizó los servicios, orientando los del área urbana hacia un manejo empresarial. Para ello se crea el SENAPA (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), representado por el Ministerio de Vivienda, para el manejo de los servicios en el área urbana a través de unidades operativas y empresas filiales de propiedad de SENAPA. A su vez, el Ministerio de Salud, se hizo cargo del área rural a nivel nacional.


En la década de los noventa, se reorganiza la gerencia de los servicios de saneamiento, y se transfiere a los gobiernos municipales provinciales; las unidades operativas y empresas filiales se entregan en propiedad de los municipios y se desactiva el SENAPA. En el área rural, el Ministerio de Salud deja de tener responsabilidad sobre los servicios. Los municipios provinciales fueron encargados por la Ley No 26338, de la responsabilidad integral de estos servicios. A su vez, el Ministerio de La Presidencia (PRES) fue designado como Ente Rector y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como ente regulador. También se crearon instituciones de financiación de inversiones para el área urbana (FONAVI) y el área rural (FONCODES). Asimismo se crean proyectos de inversión como el Programa Nacional de Agua Potable, PRONAP. De esta manera, el cambio determinó tres niveles de organización sectorial autónomos: nivel macro, a cargo del gobierno central; nivel intermedio, en el que se organizan los servicios y actúan los gobiernos locales; nivel operativo, donde se prestan los servicios.


Sin embargo, la descentralización se redujo al ámbito legal. Las entidades del gobierno central y los prestadores urbanos accedieron a un fortalecimiento institucional para el desarrollo de sus funciones. Los servicios de los municipios locales y los usuarios de las pequeñas ciudades (más de cuatro millones de habitantes) quedaron al margen de estos programas de apoyo y capacitación referidos a la organización y vigilancia de la prestación, fiscalización de la calidad del servicio y cultura de pago. Los organismos sectoriales tienen sede en Lima, con amplia intervención en la dirección, control, inversión y financiamiento, pero, con una débil relación con el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales, que son los prestadores del servicio.

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